A. RODRÍGUEZ
El alcalde de Jimena, Ildefonso Gómez, profundizó ayer en torno a la suspensión temporal de las competencias en Urbanismo a la Entidad Local Autónoma (ELA) de San Martín del Tesorillo que tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada en la noche del jueves.
La primera valoración aportada por el alcalde tras el pleno fue incidir en que la gestión de la alcaldesa del PP, Belén Jarillo, ha puesto en grave riesgo la futura segregación del Tesorillo. "La ELA es un periodo de prueba para demostrar su capacidad de gestión y madurez", destacó.
El primer edil jimenato, acompañado por buena parte del equipo de gobierno socialista, manifestó en rueda de prensa que la suspensión temporal de las competencias busca conseguir de manera oficial toda la información no aportada hasta ahora sobre las gestiones y licencias de obras concedidas por la ELA, buena parte de ellas susceptibles de incurrir en irregularidades, según el primer edil.
Gómez recordó que la entidad que preside Belén Jarillo (PP) está obligada a informar de todos y cada uno de sus trámites ante el Consistorio matriz, del que depende. "Desde que se inició el periodo corporativo no lo han cumplido", dijo. El alcalde indicó tener conocimiento de la concesión "de numerosas licencias de obra aún con informes técnicos y jurídicos en contra". Al menos 23 licencias con esta circunstancia y otras 28 con irregularidades, según ha podido saber la Alcaldía matriz gracias a los informes elaborados por el Servicio de Atención a Municipios (SAM) de Olvera.
"Muchas de estas situaciones se han detectado gracias al pago en el Ayuntamiento de las tasas por licencias de obras. Teníamos conocimiento de que dichos proyectos habían resultado negativos y, sin embargo, algunos promotores venían a abonarlas", añadió el teniente de alcalde, Andrés Beffa.
La suspensión, sustentada en un informe elaborado por del Servicio de Atención a Municipios de Olvera (SAM), servirá para cruzar los datos relativos a los informes técnicos y jurídicos emitidos por esta entidad y las licencias finalmente concedidas. "Se pretende así saber cuáles de estos expedientes negativos han seguido adelante, a sabiendas de que incurren en violaciones de las ordenanzas municipales. Ya sabemos que, al menos, hay 23 –explicó el alcalde– y que nos pueden demandar para exigir responsabilidades ya que a ellos se les concedió licencia, al igual que vecinos afectados por algunas de estas obras, como las de la calle Larga".
Una vez que el Ayuntamiento estudie la documentación, la pondrán en manos de la autoridad judicial en caso de constatarse algún indicio de ilegalidad. "Jarillo ya está imputada por presunta prevaricación y llegó a reconocer estas circunstancias en su toma de declaración", concluyó Gómez.
La primera valoración aportada por el alcalde tras el pleno fue incidir en que la gestión de la alcaldesa del PP, Belén Jarillo, ha puesto en grave riesgo la futura segregación del Tesorillo. "La ELA es un periodo de prueba para demostrar su capacidad de gestión y madurez", destacó.
El primer edil jimenato, acompañado por buena parte del equipo de gobierno socialista, manifestó en rueda de prensa que la suspensión temporal de las competencias busca conseguir de manera oficial toda la información no aportada hasta ahora sobre las gestiones y licencias de obras concedidas por la ELA, buena parte de ellas susceptibles de incurrir en irregularidades, según el primer edil.
Gómez recordó que la entidad que preside Belén Jarillo (PP) está obligada a informar de todos y cada uno de sus trámites ante el Consistorio matriz, del que depende. "Desde que se inició el periodo corporativo no lo han cumplido", dijo. El alcalde indicó tener conocimiento de la concesión "de numerosas licencias de obra aún con informes técnicos y jurídicos en contra". Al menos 23 licencias con esta circunstancia y otras 28 con irregularidades, según ha podido saber la Alcaldía matriz gracias a los informes elaborados por el Servicio de Atención a Municipios (SAM) de Olvera.
"Muchas de estas situaciones se han detectado gracias al pago en el Ayuntamiento de las tasas por licencias de obras. Teníamos conocimiento de que dichos proyectos habían resultado negativos y, sin embargo, algunos promotores venían a abonarlas", añadió el teniente de alcalde, Andrés Beffa.
La suspensión, sustentada en un informe elaborado por del Servicio de Atención a Municipios de Olvera (SAM), servirá para cruzar los datos relativos a los informes técnicos y jurídicos emitidos por esta entidad y las licencias finalmente concedidas. "Se pretende así saber cuáles de estos expedientes negativos han seguido adelante, a sabiendas de que incurren en violaciones de las ordenanzas municipales. Ya sabemos que, al menos, hay 23 –explicó el alcalde– y que nos pueden demandar para exigir responsabilidades ya que a ellos se les concedió licencia, al igual que vecinos afectados por algunas de estas obras, como las de la calle Larga".
Una vez que el Ayuntamiento estudie la documentación, la pondrán en manos de la autoridad judicial en caso de constatarse algún indicio de ilegalidad. "Jarillo ya está imputada por presunta prevaricación y llegó a reconocer estas circunstancias en su toma de declaración", concluyó Gómez.
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