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Faro Información. Por su interés reproducimos este artículo.
La Ley de la Memoria Histórica supone reparar públicamente el honor y la dignidad de los españoles y españolas que, durante largos años, han sufrido, además de la injusticia, la privación de ver cómo no se recuperaba ni su memoria, ni el recuerdo de sus allegados.
Lo que hace esta Ley es establecer derechos y medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas e la Guerra Civil y de la dictadura franquista, completando una tarea iniciada en la Transición, con iniciativas como la Ley de Amnistía, en 1977, el reconocimiento a las pensiones a viudas de fallecidos en la guerra, en 1979; el reconocimiento de derechos de jubilación o pensión a militares no profesionales que prestaron servicios a la República, en 1989; o el derecho a percibir indemnización por estancia en presión, en 1990.
Y lo hace: a la luz y en base a los valores y principios democráticos consagrados en la constitución española. Y asumiendo: la Proposición de Ley, aprobada por unanimidad en la comisión constitucional del congreso de los diputados, el 20 de noviembre de 2002. El informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España ente los años 1989 y 1975. Y, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra Civil española, así como de quienes padecieron más tarde la represión en la dictadura franquista. La Ley de Memoria Histórica, no es una ley de intenciones, es una ley de medidas concretas de reconocimiento y reparación. Nada menos y nada más.
Ni hace historia, ni la juzga, ni la revisa. Y así queda reflejado en la propia exposición de motivos, cuando deja explicitado que hacer o revisar la Historia corresponde a los historiadores, no al legislador. El PP ha hecho una descalificación global de la Ley, pero aún no ha dicho a qué medida concreta de esta Ley se opone y por qué. Se está hablando de cosas muy concretas y aquí Rajoy no puede escudarse en su ristra de adjetivos habituales, ausentes de argumentos.
Tiene que explicar a los ciudadanos españoles con claridad a cuál de las medidas concretas de esta Ley se opone. A modo de síntesis diré que la Ley proclama el carácter injusto de todas la condenas.
Declara la ilegitimidad de los tribunales y las condenas impuestas por motivos ideológicos o de creencias religiosas. Contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas. Establece el reconocimiento de mejoras de derechos económicos.
Prevé medidas para que las administraciones públicas faciliten a los interesados que lo soliciten las tareas de localización de los desaparecidos. Y, hace un reconocimiento singular a los integrantes de la Brigadas Internacionales (podrán acceder a la nacionalidad española sin tener que renunciar a la que tengan) y a las asociaciones ciudadanas que se hayan significado en la defensa de la dignidad de la s víctimas de la violencia política a que se refiere esta Ley.
La Ley, por último, quiere saldar esta duda que, como sociedad, tenemos con las personas que sufrieron violencia y persecución injustas. Ellos y sus descendientes tienen todo el derecho a reconstruir su propia biografía y a recuperar su memoria individual.
