La Diputación concita una voz única de las corporaciones locales en defensa de sus competencias como parte esencial del Estado
Irene García lee frente al monumento a las Cortes de Cádiz un manifiesto en presencia de todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas
La Diputación de Cádiz ha concitado una voz única de todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia en defensa de sus competencias, de su independencia y de su auténtica naturaleza como lo que son: una parte esencial del Estado. La presidenta Irene García ha leído un manifiesto en presencia de los representantes de las corporaciones locales, frente al monumento a las Cortes de Cádiz, en la Plaza de España de la capital de la provincia. “Hoy vivimos una jornada nunca antes vista”, ha señalado al comienzo de su intervención.
En una difícil lucha contra los efectos de la pandemia, “el poder municipal de la provincia de Cádiz reclama liberarse de tutelas y ser considerado como el ámbito de la administración más eficaz y eficiente en la gestión de los recursos públicos, la que de forma más directa viene dando respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y la que padece una brecha de desigualdad a la hora de asumir competencias que deben soportar por la vía de los hechos ante la angustia de miles de familias sin poder contar con los recursos económicos necesarios para poder desempeñarlas”, ha indicado Irene García.
La presidenta de la Diputación, antes de exponer públicamente el manifiesto, ha explicado que la presencia de todos unidos por encima de las discrepancias políticas, “nos une algo muchísimo más fuerte, como es la defensa de los intereses de nuestras instituciones, lo que es tanto como decir de nuestros vecinos y vecinas”.
En el manifiesto leído por la presidenta de la Diputación las corporaciones locales de la provincia reclaman a la Junta de Andalucía dentro de sus competencias, “impulsar de manera inmediata instrumentos extraordinarios de generación de empleo, con el doble objetivo de paliar los efectos de la pandemia en nuestro mercado laboral y de propiciar una disminución de la brecha de desigualdad que ya padecíamos antes del inicio de esta crisis”.
“Recibir la información necesaria, en tiempo y forma, para el ejercicio de nuestras responsabilidades institucionales en materia de prevención y combate de la pandemia”
“Percibir la financiación suficiente para poder sostener aquellos servicios y políticas que, por la vía de los hechos y ante una situación de auténtica angustia, nos hemos visto obligadas a asumir para no abandonar al más completo desamparo a nuestros vecinos y vecinas”.
“Contar con la seguridad jurídica y con la dotación económica suficiente para poder aprobar y desarrollar mecanismos de ayuda que escapan a nuestras competencias legales dirigidos a necesidades sociales y a sectores económicos especialmente afectados por la pandemia –como los autónomos, el pequeño comercio y la hostelería-, que se están viendo condenados a soportar sin respaldo alguno los rigores de la crisis”.
Al Gobierno de la Nación
El manifiesto también reclama al Gobierno de la Nación, paralelamente “y en el mismo ejercicio de nuestra responsabilidad como responsables de la gestión de unas corporaciones que forman parte esencial de la estructura del Estado”:
“La activación de mecanismos extraordinarios de auxilio que nos permitan atender aquellas necesidades financieras que puedan derivarse de necesidades sobrevenidas y ante las que carecemos de mecanismos de respuesta”.
“La toma en consideración de nuestra solicitud para que podamos ser receptores y gestores directos de aquellos recursos económicos que se dirijan a dar respuesta a las necesidades extraordinarias en el ámbito territorial de nuestra competencia, de forma que nos liberemos de toda intermediación o tutela”.
Y finalmente, “la posibilidad de optar a la gestión directa de aquellos mecanismos financieros procedentes de los fondos Next Generation, impulsados por la Unión Europea para la recuperación europea, de los que podamos ser beneficiarias”.
Irene García ha expresado el malestar municipal por la “soledad y el abandono” que viven durante el largo período de pandemia. “Los ayuntamientos estamos asumiendo una serie de competencias, servicios y gastos sobre los que, en la mayoría de los casos, carecemos tanto de cobertura legal como de dotación económica. Hoy, nuestros pueblos y ciudades, nuestra provincia, están peor de como se encontraban antes del inicio de la crisis sanitaria. Y la situación de los consistorios, lejos de haberse reforzado mediante medidas de apoyo, no ha hecho sino debilitarse al vernos obligados a dar respuesta por la vía de los hechos a necesidades de extrema urgencia y extraordinaria gravedad. Y todo ello sin el respaldo financiero suficiente”.
La organización de este acto reivindicativo tuvo su origen el pasado 9 de marzo, tras las reuniones que mantuvo Irene García con los ayuntamientos y entidades locales autónomas en sendos consejos de alcaldías, en los que no se planteó objeción para la celebración del mismo.
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2 comentarios:
¡Lo que tenemos que ver aún! Esa manifestación es una tomadura de pelo a los ciudadanos, con este simulacro de un burdo harakiri a la Diputación de Cádiz. Si realmente se quiere dar más competencias con sus respectivas asignaciones económicas, solo tienen que desaparecer las diputaciones, que son los pesebres de los políticos, venidos a menos, con sus asesores. Son un residuo del siglo XIX, las diputaciones provinciales carecen de sentido en la actualidad. No son necesarias para la vertebración del territorio
Las Diputaciones Provinciales son instituciones preconstitucional, se crearon en 1812 y el régimen franquista las usó para controlar a los buenos y malos alcaldes al régimen. El espíritu de nuestra Constitución es de llevar el gobierno lo más cercano a los ciudadanos y son los Ayuntamientos los más cercanos. Las Diputaciones Provinciales se opone a ese mandato constitucional, porque son ellas las que disponen y distribuye del dinero entre los pueblos a semejanza como lo hacia el dictador. Pueblos con el mismo color políticos se da mas dinero que aquellos con distinto color político.
"Activar los procesos de “descentralización total del Estado”, es decir, la Descentralización instaurada en la C.E de 1978, suponen traslado de competencias y de recursos financieros y fiscales del Estado a las Comunidades Autónomas, pero el proceso se paró ahí. El espíritu de la descentralización de la CE de 1978 inspira que se produzca la “descentralización total”, es decir, que parte de las competencias y recursos financieros y fiscales que reciban las Comunidades Autónomas del Estado las cedan a su vez a los Municipios, “cosa que hasta ahora no se ha efectuado” y creo que es difícil que se efectúe, debido al poder que han acumulado las Comunidades Autónomas" (Pedro Antonio Martín Perez Doctor en Derecho)"
Constitución de 1978, que cambia radicalmente el modelo de organización territorial, solo se explica el mantenimiento de las Diputaciones Provinciales, por el empeño de las fuerzas conservadoras firmantes del pacto constitucional, que querían mantener el viejo régimen.
¡Perdón! A esta frase hay que añadir la palabra "Ayuntamientos"
Si realmente se quiere dar más competencias con sus respectivas asignaciones económicas "a los Ayuntamientos"
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